Paz Social

Es propio de la condición humana trabajar hoy con miras a preveer lo que podemos lograr para mejorar el mañana. La previsión yace en la acción, acción que en el tema de la seguridad se traduce en prevención enérgica del crimen, y tiene su antitesis en la reacción, la respuesta posterior a la ejecución del crimen. La prevención tiene como fin evitar que se de el mal en primera instancia, en vez de solo atenderlo después de dado.

Constituye razón de preocupación el hecho de que el gobierno, a escasos meses de haber asumido el poder, ya este recurriendo a un discurso de violencia y represión como respuesta a la inseguridad creciente, medidas que han fracaso estrepitosamente en países con mayor inseguridad que Panamá. La elaboración de políticas estériles ante la inseguridad refleja un desinterés autentico del gobierno en resolver la problemática y pone de manifiesto sus arraigados prejuicios elitistas.

Las políticas encaminadas únicamente a atacar la consecuencia y no la causa de la violencia jamás lograran aplacar la inseguridad, fomentando un círculo vicioso de mayor represión al que la criminalidad responde intensificando sus métodos y procesos. Rompamos ese círculo, y retornémosle la paz a la vida de los panameños.

Debemos destacar la importancia fundamental que tiene el respeto a la convivencia humana pacifica, y el hecho que toda sociedad debe castigar o exigir retribución a aquellos que violentan dicha convivencia, cometiendo un crimen contrario a las normas fundamentales de vida humana. Por ello, debemos tener castigos y oportunidades de redención relativas al crimen cometido, a sabiendas que aunque esto es necesario y justo, no lograra por si solo disminuir la criminalidad.

La propuesta del gobierno descansa sobre el aumento de penas, inicialmente previsto como cadena perpetua, medida que es un absoluto fracaso en base a argumentos de moral o experiencia. No existe validación alguna en un caso histórico que demuestre que el aumento de penas de alguna manera disminuirá la violencia, o hasta que siquiera será un disuasivo al acto, y recurrir a ella como solución es una apuesta al fracaso.

La alta criminalidad en Estados Unidos, el país con la mayor población carcelaria relativa del mundo, es prueba de lo inútil de obviar la justicia social, y enfocarse en la persecución y represión incesante de los desprotegidos. Si fueran a ser necesarios más ejemplos, veamos a nuestras hermanas republicas, Honduras, El Salvador y Puerto Rico, cuyas políticas de “mano dura” han fracasado hasta por admisión de sus proponentes, con la espiral de la criminalidad acrecentándose.

Es claro que la combinación violenta de represión policiaca y el aumento de penas son medidas reactivas, que solamente atacan el problema una vez este ya ha sucedido, en otras palabras, responden al hecho, pero no se anticipan a tratar de evitar el hecho. El objetivo debe ser evitar que haya victimas en primer lugar, resguardando la vida e integridad de los ciudadanos, de tal forma que lejos de sus familiares lamentarse por la perdida y exigir retribución por lo sucedido, puedan tranquilamente evitar ese tormento en primer lugar.

La prevención implica dos vertientes, la primera vertiente es respecto a la obligación moral del Estado, siendo esta el mejoramiento de las condiciones sociales de la gran mayoría del pueblo panameño, a través de políticas integras donde el gobierno se compromete con garantizar oportunidades amplias de educación, formación, vivienda y trabajo a todos los ciudadanos, para evitar jamás convertirse la necesidad en razón para incurrir en la violencia. Sin embargo, nuestra realidad es otra, donde la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a un panorama desolador, por la combinación de una educación mediocre, formación laboral incompleta, influencias culturales inadvertidas y ausencia de esperanza en conseguir un trabajo que satisfaga las necesidades de la familia, lo cual crea vulnerabilidad al hampa y violencia. Esta vulnerabilidad es el espacio que le permite a la violencia arraigarse, convirtiéndose la criminalidad en una respuesta a las dificultades de la vida.

La crianza en ambientes y comunidades donde predomina la violencia incrementan proporcionalmente la posibilidad de que se de la criminalidad, dado que la violencia no es innata al hombre, sino engendrada por los ambientes tóxicos. Ambientes estos donde muchas veces se crece sin figura paterna o materna por la descomposición familiar acrecentando aun más la vulnerabilidad de la juventud. Es claro que políticas preventivas son indispensables, enfocadas a satisfacer plenamente las aspiraciones y necesidades fundamentales de los ciudadanos de todas las edades.

Propuestas concretas en este camino incluyen transformar a las comunidades violentas en áreas de paz, centros de rehabilitación de la criminalidad, droga, alcohol y demás vicios, programas intensos de educación ciudadana y cultural en todos los niveles, provisión de atención especializada a los jóvenes en riesgo y en ofrecer amplias oportunidades de superación económica. Una ciudadanía con oportunidades y esperanza, es una ciudadanía inmune a la violencia.

La segunda vertiente es la labor enérgica y firme en atajar la inseguridad que la policía debe desempeñar. Es imprescindible la profesionalización de la policía, para que mediante unidades ampliamente entrenados y equipados, puedan garantizar la protección de la vida y honra ciudadana. La policía tiene el deber de ser enérgico en su labor, pero esta firmeza no puede jamás devenir en la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos o en la represión desmedida dirigida a los estratos mas desprotegidos de la sociedad, siendo ello la garantía de que ninguno de nosotros será injustamente perseguido. Es indispensable la policía tenga la capacidad de mantener el orden en las comunidades, enfocándose en los puntos de mayor criminalidad y con tiempo de respuesta veloz, lo que requiere de una descentralización y organización adecuada de la policía para atender puntualmente todo brote de violencia y criminalidad.

Igualmente, un componente importante es evitar que los criminales ya convictos, reincidan una vez puestos en libertad. Por ello, es imprescindible los centros penitenciarios dejen de ser “escuelas del delito”, para convertirse en centros intensos de resocialización y rehabilitación, que les permita a los puestos en libertad una vez pagado su deuda a la sociedad, reincorporarse a la vida ciudadana, con plenas oportunidades para desarrollar vidas integras.

Es necesario elaborar mecanismos que le permitan a los convictos retribuirle a las victimas por su crimen. La retribución nunca será suficiente, pero están mejor puestas las energías del convicto a tratar de enmendar o compensar por su yerro inadmisible, con alguna especie de servicio a la comunidad o sociedad. Las victimas merecen justicia, y esta justicia no viene con la muerte o encarcelación del victimario, sino en la aceptación de este de su delito, en su castigo merecido y en su intento de buscar redención.

Solamente tomando las medidas preventivas urgentes que la deteriorante situación social exige, mediante políticas que busquen la justicia social y una policía profesionalizada, podrá acabarse con la creciente inseguridad y violencia. Es claro que debemos comprender cual es la causa de la violencia, la desigualdad social, la ausencia de oportunidades y el aniquilamiento de la familia, todas producto de las políticas históricamente irresponsables de nuestros gobiernos, y si estas causas no son atendidas, lo que implica transformaciones estructurales profundas que garanticen una mejor distribución de la riqueza y esperanza en las expectativas de vida, no habrá mañana al cual aspirar.

Nuestra solución debe ser la de imprimir la fuerza del ejemplo de la paz a los puntos más violentos de nuestra nación, nunca perdiendo la fe en la bondad intrínseca de todo ser humano, y en la capacidad de esta paz de extirpar todo cáncer de criminalidad en los individuos. La violencia solo trae mas violencia, solamente la paz puede conducirnos a la paz.

Reivindicaciones indígenas

Nuestros pueblos indígenas se encuentran en un momento decisivo en su histórica lucha por reivindicar sus derechos no sólo como pueblo, con sus propias costumbres y forma de vida, sino también como ciudadanos, con pleno derecho a participar en la vida política y económica nacional. Nuestros siete pueblos indígenas, Ngäbe, Embera, Bugle, Wounaan, Kuna, Bri bri y Naso se enfrentan en su cruzada emancipadora a dos obstáculos poderosísimos: la explotación y la ignorancia.

La explotación surge desde el sistema dominante, que impone patrones de vida y desarrollo que conducen a la pobreza y marginación indígena. La ignorancia surge del adoctrinamiento cultural que se da desde temprana edad, corrompiendo la objetividad de muchos,cimentado actitudes que se expresan en la discriminación en base a prejuicios racistas. Son dos dimensiones complementarias, una se refiere a la discriminación sistemática debido a la organización social imperante que favorece a determinados grupos de poder y el otro a los prejuicios culturales que tenemos contra los pueblos indígenas que conducen a un trato despectivo.

Esta mancuerna nefasta tiene como resultado la explotación laboral, oportunidades educativas y de superación reducidas, condiciones de salubridad deficientes y la destrucción cada vez mayor de sus tierras. Pero aún encontrándose en la adversidad, nuestros hermanos indígenas se aprestan cada vez más a luchar por cambiar esa realidad, única esperanza de constituir una comunidad panameña incluyente y justa.

Debemos destacar que existen diferentes concepciones respecto al papel de nuestros pueblos indígenas en la vida nacional. En un extremo, aquellos que sufren de la ignorancia antes mencionada, quienes sostienen ideas racistas, con quienes es casi imposible establecer diálogo racional y conciliador respecto al tema indígena, aún con pruebas puntuales en mano. Este grupo no es merecedor de mayor consideración, y sólo podemos esperar constituyan una minoría. En el otro grupo se encuentran aquellos que creen que los pueblos indígenas deben ser incluidos en una manera limitada y demarcada dentro de la vida nacional, con cuotas determinadas de poder político y espacios culturales para promover sus costumbres y tradiciones. Esto puede llamarse la visión pluricultural, y ejemplos de este pensamiento lo podemos apreciar en la propuesta del gobierno de crear un ministerio indígena y en la mayoría de las iniciativas de promoción turística utilizando la danza, artesanías o canto indígena. Pero esta visión, que sospecho es la mayoritaria, no reconoce a los indígenas como iguales, sino como personas que merecen, por razones de progresismo social, una cuota mínima de reconocimiento sin tener participación puntual en las estructuras de toma de decisiones políticas y económicas.

Planteo la tercera y más radical de concepciones, que es la multicultural, en base a la cúal los pueblos indígenas deben tener una participación y preponderancia en la sociedad relativa a su presencia numérica y moral en la nación. Permitir que la cultura indígena, al igual que las culturas de otros grupos étnicos. como los afrodescendientes, tenga igual participación en los procesos de toma de decisiones económicas y políticas, no mediante cuotas de poder, sino mediante transformaciones sistémicas que hagan de nuestra sociedad una donde las distintas formas de vida de nuestros pueblos coexistan en armonía. La multiculturalidad implica aceptar que no existe una forma única de organizar la vida social que debe dominar todas las otras, sino que nuestra sociedad debe estar constituida de tal forma que incorpore, respete y concilie las diferentes perspectivas e idiosincrasias. Ejemplo de la multiculturalidad en contraste a la pluriculturalidad, es que no debe haber un ministerio indígena, deben existir las oportunidades para que haya ministros y directores indígenas que manejen cualquiera tema, desde economía hasta vivienda.

Hoy, nuestros pueblos indígenas se encuentran en un momento coyuntural, librando dos batallas que serán determinantes para el desarrollo del tema indígena. Una es la del pueblo Ngäbe en Charco La Pava, quienes han llevado su lucha al plano internacional, y quienes han sido desplazados y reprimidos por los intereses de compañías foráneas quienes compran a gobernantes a la vez que explotan y roban la tierra de los pueblos. La otra lucha, es la marcha indígena, donde diferentes representantes de los pueblos indígenas buscan hacer escuchar su voz al gobierno y ciudadanía sobre sus reivindicaciones históricas, sobre todo la explotación depredadora de los proyectos hidroeléctricos y mineros que desplazan comunidades y destruyen el ambiente con beneficios pírricos para la nación y sin el consentimiento de los dueños ancestrales de las tierras. Estas luchas nos deben llevar a reflexionar y comprender que la tierra es más que simple propiedad privada o bien comercial para ser vendido al mejor postor, tiene un valor intrínseco, indispensable para la vida y realización plena del ser humano.

Estas luchas al igual que la diaria que llevan a cabo los pueblos indígenas, dentro y fuera de las comarcas, requieren de un factor imprescindible para alcanzar plena realización. Ello es la solidaridad y hermandad del resto del pueblo panameño, quien debe dejar a un lado sus prejuicios y temores reconociendo el igual derecho de los pueblos indígenas a coexistir junto a los demás grupos nacionales, y unirse a su lucha por exigir cambios sociales que acaben con la explotación de los pueblos indígenas. Esta lucha debe tener como norte la consolidación de un estado multicultural, aquel donde no sólo los pueblos indígenas, sino todos los pueblos dentro de Panamá, tengan la posibilidad de ser parte y protagonista del desarrollo de la nación. Es tarea apremiante asegurar que nuestra sociedad no sea un reflejo únicamente de los intereses de un sector minoritario de la población, los sectores dominantes, sino de toda la diversidad y pluralidad de nuestro pueblo. Crisol de Razas debe dejar de ser un slogan vacío para convertirse en un credo que unifique a los pueblos de nuestra nación, nos solidarice con la lucha indígena y nos permita avanzar hacia la consolidación de un Panamá que sea viva expresión de la infinidad de almas que la componen.

Tributo del Subdesarrollo

El gobierno reaccionario de Ricardo Martinelli propone introducir un impuesto único, “flat tax”, que destruirá la capacidad para establecer una política fiscal progresista y redistributiva y amenaza con enclavar a Panamá en un modelo de subdesarrollo dependiente. La estructura económica de una nación es determinada en gran parte por su sistema de incentivos a la producción, siendo el principal los impuestos, los cuales recompensan y castigan distintos comportamientos sociales y económicos. Pero lejos de proponer medidas tributarias que conduzcan a un desarrollo protagonizado por las grandes mayorías, busca implementar un impuesto único que responde a los intereses nefastos de su círculo económico oligárquico y las transnacionales. Es deplorable, puesto que le roba a Panamá su capacidad de fijar tributos en base a necesidades y aspiraciones expresas, carcomiendo aún más nuestra pobre democracia, sometiéndonos a los vaivénes de los intereses comerciales foráneos que con mayor facilidad acapararan nuestro patrimonio.

Antecedentes Históricos

Los tributos han servido históricamente para incentivar o desincentivar el surgimiento y crecimiento estratégico de sectores económicos. Sirve para incentivar mediante tasas favorables a los sectores que conducen a un mayor desarrollo sostenible, como por ejemplo la industria tecnológica y manufacturera y el turismo. Igualmente sirve para desincentivar mediante tasas mayores a los negocios nocivos a la salud de los pueblos, como el alcohol y las armas, al igual que aquellos con mayor capacidad de pago, las transnacionales. Un famoso ejemplo es el del trabajo infantil en Estados Unidos, que al no poder prohibirlo por ley, simplemente se erigió un impuesto del 100% sobre toda empresa que contrate a menores de edad. Ejemplos notables también presentan las naciones asiáticas, quienes mediante la planificación económica y un sistema tributario que fomento la industrialización, mejoraron considerablemente su nivel de vida.

Panamá ha seguido una política fiscal inequitativa que incentiva prioritariamente a los sectores del comercio internacional, principalmente los portuarios, bancarios y de importación y reeexportación de mercancías. Son sectores que dejan cuantiosos beneficios para los grupos minoritarios que los controlan, pero que rinden muy poco a la nación, al generar en su mayoría capital que se fuga de Panamá, y además no son sectores multiplicadores de empleo. También han fomentado mediante los tributos la creación de una serie de enclaves turísticos, energéticos y de servicios, los cuales igualmente extraen nuestros recursos hacia el extranjero sin dejar beneficios verdaderos a nuestra economía. Esta estrategia tributaria es una reproducción del modelo que siguen gran parte de las naciones subdesarrolladas, que se someten a los dictámenes de las IFI´s (Instituciones Financieras Internacionales), construyendo una economía dependiente que crece de manera dañina para si misma, pero favorable para las naciones desarrolladas, sobretodo sus transnacionales y capital financiero. Una de las consecuencias nefastas de este modo de desarrollo es que crea una estructura social con unos pocos enclaves segregados de opulencia, los cuales están rodeados de un mar de pobreza y marginalidad, donde una multitud de trabajadores y empresas están sumidos en la informalidad y desprotección.

¿Qué es el Flat Tax?

Es un impuesto con una tasa única para todas las empresas irrespectivo de su tamaño y actividad. Busca simplificar la recolección de tributos e hipotéticamente facilitar la creación de nuevas empresas, al ser los impuestos más bajos y simples de calcular. Las tasas que supuestamente esta contemplando el gobierno son de entre 10 y 15%, prácticamente una reducción del 50% de las tasas vigentes (sin considerar los sectores exonerados que pagan tasas de por sí menores y la cuestión de cómo sustituir la renta perdida debido a la disminución).

¿Por qué es tan dañino el flat tax? Es un impuesto que beneficia a los sectores mas poderosos y privilegiados, grandes empresas y transnacionales, al reducirles irresponsablemente sus impuestos y por consiguiente, su deber ante el resto de la sociedad. Niega la posibilidad de un impuesto progresista, en otras palabras, aquel que tiene una tasa más baja para los que menos tienen, como las pequeñas y medianas empresas, y una tasa mas alta para los que mas tienen, los cuales tienen mayor capacidad para pagar un impuesto alto.

Es importante destacar el valor marginal del dinero en analizar el impuesto único. Para dar un ejemplo del concepto usando personas naturales: un trabajador que gana un salario de 1,000 balboas y paga 20% de impuesto, lo siente con mucha mas severidad que una persona que tiene un salario de 50,000 balboas y el mismo impuesto, ya que el valor de cada dólar adicional que tiene el que gana menos es mucho mas valioso/necesario para él, por lo que ese mismo porcentaje castiga mucho mas al que menos tiene.

Estamos negando la concepción moral y solidaria de que aquellos que han recibido los mayores frutos y beneficios del orden social imperante deben compensar de alguna manera por las desigualdades e inequidades que les permitió en primer lugar tener dicha opulencia. Todos los ciudadanos deben aportar su respectiva tajada a la sociedad, pero el impuesto único disminuye considerablemente el aporte de los que mas tienen, lo cual es indispensable para establecer una política redistributiva que combata la desigualdad y pobreza.

Pero no hay mayor condena del impuesto único que el hecho que le reste a la sociedad la capacidad democrática de fijar impuestos que incentiven y desincentivan las actividades económicas que la población valora o no. El pueblo pierde todo derecho de controlar el crecimiento económico, sometiéndose a los dictámenes de los sectores económicos más poderosos y sus doctrinas neoliberales.

La Ruta a Seguir

Panamá requiere de un sistema tributario que responda a las aspiraciones y necesidades expresas del pueblo, donde las grandes mayorías tengan la posibilidad de influir, para beneficio propio y colectivo, que tipos de tributos tendrá la nación, y por ende, que ruta de desarrollo desea seguir. Las decisiones fiscales no pueden estar en manos de sectores económicos comprometidos con sus propios intereses y serviles ante la influencia del capital internacional.

Tendríamos la expectativa que un control democrático sobre los tributos llevaría al fomento de la industria manufacturera y tecnológica, potenciando la creación masiva de empleos, al igual que un turismo sostenible fundamentando en la gestión local comunitaria. Pero un sistema tributario con controles democráticos no implica que Panamá deba prescindir de su papel como punto de encuentro estratégico. Debe crear una estructura tributaria que no sólo consolide a Panamá como intermediario entre naciones, pero a la vez asegure los beneficios del comercio internacional sean redistribuidos justamente en la nación.

Es nuestro deber moral no sólo como panameños, sino como seres humanos, rechazar el impuesto único, por ser contrario a los más profundos intereses de las grandes mayorías, y avanzar en nuestro compromiso indeclinable con la construcción desde abajo de una sociedad y economía mas justa y humana.

Insurrección popular

Los golpes de estado son rupturas del orden institucional de una sociedad, donde los grupos dominantes buscan sobreponerse a las normas políticas y económicas para hacerse con el poder. Los golpes representan las pugnas entre los círculos de poder, quienes violentan las normas sociales, mutuamente aceptadas, con el fin de acrecentar sus intereses.

Únicamente constituye un acto legítimo el rompimiento del orden institucional cuando proviene de la voluntad expresa de los pueblos. Aquella que nace de la profunda insatisfacción con las injustas condiciones sociales y el deseo de transformar esa realidad mediante los métodos que estimen necesarios.

Toda sociedad tiene una determinada organización social, que tiende a estar estructurada en beneficio económico y político de los grupos dominantes, dado que son ellos quienes controlan los espacios de toma de decisión. No podemos afirmar que es un control absoluto, dado la compleja interrelación de fuerzas que existe dentro de toda sociedad, pero es claro que dominan las estructuras que determinan quienes son los vencedores y perdedores sociales.

Pero los grupos dominantes no son homogéneos, existiendo entre ellos profundas diferencias, que se manifiestan principalmente en el deseo de superar económicamente al otro. Estas diferencias entre los grupos dominantes pueden llegar a producir pugnas por el poder que conducen a los golpes de estado.

Cuando un grupo dominante ve sus intereses en riesgo debido al incremento del poder político o económico de otra facción, o por el simple deseo de aumentar su poder, puede intentar romper la normativa legal, y utilizar un golpe para bajar violentamente del poder a la otra facción. La mayoría de golpes de estado son pugnas internas entre los grupos de poder.

No condenamos el golpe de estado con motivo de defender la institucionalidad, dado que esta institucionalidad es la legitimación de las estructuras que conducen a la injusticia social. Pero si se condena el golpe de estado por ser una competencia burlesca entre los grupos dominantes en detrimento del desarrollo de las grandes mayorías.

Los pueblos se mantienen ignorantes de los intereses que manipulan estas tragicomedias, donde los poderosos pelean entre sí el derecho de establecer la institucionalidad que más les convenga, cuyo resultado final es siempre la explotación y opresión de los pueblos.

Condenamos el orden institucional actual, y reconocemos que el único método legítimo de alzarse en contra de ese orden es la insurrección popular. La insurrección es la expresión de la voluntad de los pueblos no de oponerse a determinado candidato o grupo, sino de rechazo al sistema en su totalidad. Es cuando los pueblos deciden que el orden institucional imperante es inaceptable, y determinan, por los medios que sean, librarse del sistema que los rige y oprime.

La legitimidad de la insurrección popular nace del hecho que ningún sistema político o económico puede estar por encima del pueblo, y este es el único que tiene derecho a determinar en cualquier momento que destino desea para sí mismo.

No podemos anticipar si una insurrección popular será violenta o no violenta, o cual será el resultado final de la misma, por lo cual es imprescindible la formación de conciencia masiva para que la insurrección avance por caminos que reflejen el verdadero pensamiento del pueblo. Nadie puede apropiarse del derecho a determinar qué camino debe tomar la sociedad, por lo que es vital fomentar la creación de conciencia en el pueblo para que este pueda de forma critica analizar su realidad, determinar en qué forma desea transformarla y organizarse para ejecutar su ideario.

La legalidad no debe convertirse en obstáculo al levantamiento popular, dado que ningún orden, y mucho menos uno que existe en beneficio de grupos de poder y en detrimento de la salud y vida de los pueblos, puede tener mayor legitimidad que las justas aspiraciones de las grandes mayorías. La insurrección popular se plantea como el único camino para verdaderamente transformar la sociedad, rompiendo con las estructuras que se encuentran bajo el control de los grupos dominantes para construir, en su lugar, una sociedad que satisfaga plenamente las aspiraciones y necesidades de los desheredados del mundo.

L'Égalité

Judíos y obreros se topan en la ciudad capital

La igualdad constituye una de las más altas aspiraciones de los seres humanos, considerándose una verdad irrebatible que todos tenemos igual derecho a una vida plena. Desafortunadamente al pasar de la teoría a la realidad, encontramos que la igualdad es un fantasma, viéndonos en un mundo donde un mar de miseria y pobreza gravita alrededor de centros aislados de opulencia y riqueza. Ante esta contradicción entre la igualdad como convicción universal y la desigualdad como condición real, es necesario comprender que aunque nuestras sociedades consagran la igualdad política, esta igualdad no pasará de mera retórica hasta que reconozcamos que la precondición para toda clase de igualdad humana, es la igualdad económica.

Todos los seres humanos tenemos como objetivo fundamental el desarrollar nuestra potencialidad. Cada persona tiene un potencial distinto y propio, definido por sus aspiraciones, necesidades y añoranzas, las cuales constituyen una infinidad de posibles proyectos de vida. Pero este potencial humano no podrá desarrollarse si no existe igualdad en la posibilidad de concretarlo.

Si los seres humanos todos tenemos circunstancias económicas astronómicamente distintas, en otras palabras desiguales, algunos tendrán mayores medios de alcanzar su potencialidad, mientras que la necesidad obligara a las grandes mayorías a aceptar la servidumbre como único camino a la supervivencia. La desigualdad despoja a los hombres y mujeres del derecho a una vida plena, transformando la libertad en un privilegio de los pocos y poderosos. Miles de millones de seres humanos condenados a condiciones infrahumanas hasta antes de su nacimiento, atrapados entre la malnutrición y la mala educación, labores monótonas e inseguras y la ausencia de voz e influencia en las políticas que afectan sus vidas. ¿Cuántos genios, artistas, deportistas y científicos hemos sentenciado a mendigar? La desigualdad económica hace de nuestros pueblos no en dueños de sus vidas, sino en victimas de sus circunstancias, desde donde deben luchar contra condiciones oprobiosas para satisfacer sus necesidades esenciales.

Para lograr una sociedad basada en la igualdad, es necesario extirpar la desigualdad desde su raíz, en el sistema económico, donde se reproducen las relaciones opresivas que contaminan la totalidad de la sociedad. El cimiento del sistema se encuentra en los entes productivos, las empresas, donde la desigualdad está enmarcada en la organización interna jerárquica y en el control concentrado del capital. Estos entes se organizan como jerarquías piramidales de toma de decisión, con una cúspide segregada que controla el capital. Diseminar la igualdad requiere que la jerarquía autoritaria administrativa sea desplazada por relaciones democráticas entre todos los asociados, donde las decisiones de trabajo y compensación sean decididas de manera cooperativa y donde la posesión del capital este en manos de los asociados, la comunidad y la sociedad, para ser invertida de manera justa y equitativa y no retenida en manos de los poderosos. Transformar las bases económicas de la sociedad en entes igualitarios puede influir determinantemente en las relaciones humanas en todas las esferas sociales, buscando acabar con la desigualdad en todas sus manifestaciones.

Es importante afirmar que la búsqueda de la igualdad no implica crear una sociedad homogénea, donde no existan las diferencias, estemos obligados a poseer los mismos bienes materiales o no seamos compensados justamente por nuestro trabajo. Lejos de ello, debemos buscar la igualdad como condición para que exista la diversidad, igualdad en torno a tener los medios y condiciones para decidir en libertad como queremos vivir nuestra vida. Las diferencias entre seres humanos no deben ser debido a condiciones coercitivas sobre las cuales no podemos incidir, sino debido a nuestras decisiones libres. Cada cual tiene una aspiración en torno a las expectativas de su vida y debemos construir una sociedad donde esta diversidad de infinitas aspiraciones pueda ser satisfecha. Únicamente en esta armonía de la libertad e igualdad acabaremos con la opresión del hombre por el hombre y sembraremos la esperanza de un mundo donde todos podamos alcanzar aquel potencial ilimitado que vive dentro de cada uno de nosotros.