Es propio de la condición humana trabajar hoy con miras a preveer lo que podemos lograr para mejorar el mañana. La previsión yace en la acción, acción que en el tema de la seguridad se traduce en prevención enérgica del crimen, y tiene su antitesis en la reacción, la respuesta posterior a la ejecución del crimen. La prevención tiene como fin evitar que se de el mal en primera instancia, en vez de solo atenderlo después de dado.
Constituye razón de preocupación el hecho de que el gobierno, a escasos meses de haber asumido el poder, ya este recurriendo a un discurso de violencia y represión como respuesta a la inseguridad creciente, medidas que han fracaso estrepitosamente en países con mayor inseguridad que Panamá. La elaboración de políticas estériles ante la inseguridad refleja un desinterés autentico del gobierno en resolver la problemática y pone de manifiesto sus arraigados prejuicios elitistas.
Las políticas encaminadas únicamente a atacar la consecuencia y no la causa de la violencia jamás lograran aplacar la inseguridad, fomentando un círculo vicioso de mayor represión al que la criminalidad responde intensificando sus métodos y procesos. Rompamos ese círculo, y retornémosle la paz a la vida de los panameños.
Debemos destacar la importancia fundamental que tiene el respeto a la convivencia humana pacifica, y el hecho que toda sociedad debe castigar o exigir retribución a aquellos que violentan dicha convivencia, cometiendo un crimen contrario a las normas fundamentales de vida humana. Por ello, debemos tener castigos y oportunidades de redención relativas al crimen cometido, a sabiendas que aunque esto es necesario y justo, no lograra por si solo disminuir la criminalidad.
La propuesta del gobierno descansa sobre el aumento de penas, inicialmente previsto como cadena perpetua, medida que es un absoluto fracaso en base a argumentos de moral o experiencia. No existe validación alguna en un caso histórico que demuestre que el aumento de penas de alguna manera disminuirá la violencia, o hasta que siquiera será un disuasivo al acto, y recurrir a ella como solución es una apuesta al fracaso.
La alta criminalidad en Estados Unidos, el país con la mayor población carcelaria relativa del mundo, es prueba de lo inútil de obviar la justicia social, y enfocarse en la persecución y represión incesante de los desprotegidos. Si fueran a ser necesarios más ejemplos, veamos a nuestras hermanas republicas, Honduras, El Salvador y Puerto Rico, cuyas políticas de “mano dura” han fracasado hasta por admisión de sus proponentes, con la espiral de la criminalidad acrecentándose.
Es claro que la combinación violenta de represión policiaca y el aumento de penas son medidas reactivas, que solamente atacan el problema una vez este ya ha sucedido, en otras palabras, responden al hecho, pero no se anticipan a tratar de evitar el hecho. El objetivo debe ser evitar que haya victimas en primer lugar, resguardando la vida e integridad de los ciudadanos, de tal forma que lejos de sus familiares lamentarse por la perdida y exigir retribución por lo sucedido, puedan tranquilamente evitar ese tormento en primer lugar.
La prevención implica dos vertientes, la primera vertiente es respecto a la obligación moral del Estado, siendo esta el mejoramiento de las condiciones sociales de la gran mayoría del pueblo panameño, a través de políticas integras donde el gobierno se compromete con garantizar oportunidades amplias de educación, formación, vivienda y trabajo a todos los ciudadanos, para evitar jamás convertirse la necesidad en razón para incurrir en la violencia. Sin embargo, nuestra realidad es otra, donde la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a un panorama desolador, por la combinación de una educación mediocre, formación laboral incompleta, influencias culturales inadvertidas y ausencia de esperanza en conseguir un trabajo que satisfaga las necesidades de la familia, lo cual crea vulnerabilidad al hampa y violencia. Esta vulnerabilidad es el espacio que le permite a la violencia arraigarse, convirtiéndose la criminalidad en una respuesta a las dificultades de la vida.
La crianza en ambientes y comunidades donde predomina la violencia incrementan proporcionalmente la posibilidad de que se de la criminalidad, dado que la violencia no es innata al hombre, sino engendrada por los ambientes tóxicos. Ambientes estos donde muchas veces se crece sin figura paterna o materna por la descomposición familiar acrecentando aun más la vulnerabilidad de la juventud. Es claro que políticas preventivas son indispensables, enfocadas a satisfacer plenamente las aspiraciones y necesidades fundamentales de los ciudadanos de todas las edades.
Propuestas concretas en este camino incluyen transformar a las comunidades violentas en áreas de paz, centros de rehabilitación de la criminalidad, droga, alcohol y demás vicios, programas intensos de educación ciudadana y cultural en todos los niveles, provisión de atención especializada a los jóvenes en riesgo y en ofrecer amplias oportunidades de superación económica. Una ciudadanía con oportunidades y esperanza, es una ciudadanía inmune a la violencia.
La segunda vertiente es la labor enérgica y firme en atajar la inseguridad que la policía debe desempeñar. Es imprescindible la profesionalización de la policía, para que mediante unidades ampliamente entrenados y equipados, puedan garantizar la protección de la vida y honra ciudadana. La policía tiene el deber de ser enérgico en su labor, pero esta firmeza no puede jamás devenir en la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos o en la represión desmedida dirigida a los estratos mas desprotegidos de la sociedad, siendo ello la garantía de que ninguno de nosotros será injustamente perseguido. Es indispensable la policía tenga la capacidad de mantener el orden en las comunidades, enfocándose en los puntos de mayor criminalidad y con tiempo de respuesta veloz, lo que requiere de una descentralización y organización adecuada de la policía para atender puntualmente todo brote de violencia y criminalidad.
Igualmente, un componente importante es evitar que los criminales ya convictos, reincidan una vez puestos en libertad. Por ello, es imprescindible los centros penitenciarios dejen de ser “escuelas del delito”, para convertirse en centros intensos de resocialización y rehabilitación, que les permita a los puestos en libertad una vez pagado su deuda a la sociedad, reincorporarse a la vida ciudadana, con plenas oportunidades para desarrollar vidas integras.
Es necesario elaborar mecanismos que le permitan a los convictos retribuirle a las victimas por su crimen. La retribución nunca será suficiente, pero están mejor puestas las energías del convicto a tratar de enmendar o compensar por su yerro inadmisible, con alguna especie de servicio a la comunidad o sociedad. Las victimas merecen justicia, y esta justicia no viene con la muerte o encarcelación del victimario, sino en la aceptación de este de su delito, en su castigo merecido y en su intento de buscar redención.
Solamente tomando las medidas preventivas urgentes que la deteriorante situación social exige, mediante políticas que busquen la justicia social y una policía profesionalizada, podrá acabarse con la creciente inseguridad y violencia. Es claro que debemos comprender cual es la causa de la violencia, la desigualdad social, la ausencia de oportunidades y el aniquilamiento de la familia, todas producto de las políticas históricamente irresponsables de nuestros gobiernos, y si estas causas no son atendidas, lo que implica transformaciones estructurales profundas que garanticen una mejor distribución de la riqueza y esperanza en las expectativas de vida, no habrá mañana al cual aspirar.
Nuestra solución debe ser la de imprimir la fuerza del ejemplo de la paz a los puntos más violentos de nuestra nación, nunca perdiendo la fe en la bondad intrínseca de todo ser humano, y en la capacidad de esta paz de extirpar todo cáncer de criminalidad en los individuos. La violencia solo trae mas violencia, solamente la paz puede conducirnos a la paz.
Constituye razón de preocupación el hecho de que el gobierno, a escasos meses de haber asumido el poder, ya este recurriendo a un discurso de violencia y represión como respuesta a la inseguridad creciente, medidas que han fracaso estrepitosamente en países con mayor inseguridad que Panamá. La elaboración de políticas estériles ante la inseguridad refleja un desinterés autentico del gobierno en resolver la problemática y pone de manifiesto sus arraigados prejuicios elitistas.
Las políticas encaminadas únicamente a atacar la consecuencia y no la causa de la violencia jamás lograran aplacar la inseguridad, fomentando un círculo vicioso de mayor represión al que la criminalidad responde intensificando sus métodos y procesos. Rompamos ese círculo, y retornémosle la paz a la vida de los panameños.
Debemos destacar la importancia fundamental que tiene el respeto a la convivencia humana pacifica, y el hecho que toda sociedad debe castigar o exigir retribución a aquellos que violentan dicha convivencia, cometiendo un crimen contrario a las normas fundamentales de vida humana. Por ello, debemos tener castigos y oportunidades de redención relativas al crimen cometido, a sabiendas que aunque esto es necesario y justo, no lograra por si solo disminuir la criminalidad.
La propuesta del gobierno descansa sobre el aumento de penas, inicialmente previsto como cadena perpetua, medida que es un absoluto fracaso en base a argumentos de moral o experiencia. No existe validación alguna en un caso histórico que demuestre que el aumento de penas de alguna manera disminuirá la violencia, o hasta que siquiera será un disuasivo al acto, y recurrir a ella como solución es una apuesta al fracaso.
La alta criminalidad en Estados Unidos, el país con la mayor población carcelaria relativa del mundo, es prueba de lo inútil de obviar la justicia social, y enfocarse en la persecución y represión incesante de los desprotegidos. Si fueran a ser necesarios más ejemplos, veamos a nuestras hermanas republicas, Honduras, El Salvador y Puerto Rico, cuyas políticas de “mano dura” han fracasado hasta por admisión de sus proponentes, con la espiral de la criminalidad acrecentándose.
Es claro que la combinación violenta de represión policiaca y el aumento de penas son medidas reactivas, que solamente atacan el problema una vez este ya ha sucedido, en otras palabras, responden al hecho, pero no se anticipan a tratar de evitar el hecho. El objetivo debe ser evitar que haya victimas en primer lugar, resguardando la vida e integridad de los ciudadanos, de tal forma que lejos de sus familiares lamentarse por la perdida y exigir retribución por lo sucedido, puedan tranquilamente evitar ese tormento en primer lugar.
La prevención implica dos vertientes, la primera vertiente es respecto a la obligación moral del Estado, siendo esta el mejoramiento de las condiciones sociales de la gran mayoría del pueblo panameño, a través de políticas integras donde el gobierno se compromete con garantizar oportunidades amplias de educación, formación, vivienda y trabajo a todos los ciudadanos, para evitar jamás convertirse la necesidad en razón para incurrir en la violencia. Sin embargo, nuestra realidad es otra, donde la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a un panorama desolador, por la combinación de una educación mediocre, formación laboral incompleta, influencias culturales inadvertidas y ausencia de esperanza en conseguir un trabajo que satisfaga las necesidades de la familia, lo cual crea vulnerabilidad al hampa y violencia. Esta vulnerabilidad es el espacio que le permite a la violencia arraigarse, convirtiéndose la criminalidad en una respuesta a las dificultades de la vida.
La crianza en ambientes y comunidades donde predomina la violencia incrementan proporcionalmente la posibilidad de que se de la criminalidad, dado que la violencia no es innata al hombre, sino engendrada por los ambientes tóxicos. Ambientes estos donde muchas veces se crece sin figura paterna o materna por la descomposición familiar acrecentando aun más la vulnerabilidad de la juventud. Es claro que políticas preventivas son indispensables, enfocadas a satisfacer plenamente las aspiraciones y necesidades fundamentales de los ciudadanos de todas las edades.
Propuestas concretas en este camino incluyen transformar a las comunidades violentas en áreas de paz, centros de rehabilitación de la criminalidad, droga, alcohol y demás vicios, programas intensos de educación ciudadana y cultural en todos los niveles, provisión de atención especializada a los jóvenes en riesgo y en ofrecer amplias oportunidades de superación económica. Una ciudadanía con oportunidades y esperanza, es una ciudadanía inmune a la violencia.
La segunda vertiente es la labor enérgica y firme en atajar la inseguridad que la policía debe desempeñar. Es imprescindible la profesionalización de la policía, para que mediante unidades ampliamente entrenados y equipados, puedan garantizar la protección de la vida y honra ciudadana. La policía tiene el deber de ser enérgico en su labor, pero esta firmeza no puede jamás devenir en la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos o en la represión desmedida dirigida a los estratos mas desprotegidos de la sociedad, siendo ello la garantía de que ninguno de nosotros será injustamente perseguido. Es indispensable la policía tenga la capacidad de mantener el orden en las comunidades, enfocándose en los puntos de mayor criminalidad y con tiempo de respuesta veloz, lo que requiere de una descentralización y organización adecuada de la policía para atender puntualmente todo brote de violencia y criminalidad.
Igualmente, un componente importante es evitar que los criminales ya convictos, reincidan una vez puestos en libertad. Por ello, es imprescindible los centros penitenciarios dejen de ser “escuelas del delito”, para convertirse en centros intensos de resocialización y rehabilitación, que les permita a los puestos en libertad una vez pagado su deuda a la sociedad, reincorporarse a la vida ciudadana, con plenas oportunidades para desarrollar vidas integras.
Es necesario elaborar mecanismos que le permitan a los convictos retribuirle a las victimas por su crimen. La retribución nunca será suficiente, pero están mejor puestas las energías del convicto a tratar de enmendar o compensar por su yerro inadmisible, con alguna especie de servicio a la comunidad o sociedad. Las victimas merecen justicia, y esta justicia no viene con la muerte o encarcelación del victimario, sino en la aceptación de este de su delito, en su castigo merecido y en su intento de buscar redención.
Nuestra solución debe ser la de imprimir la fuerza del ejemplo de la paz a los puntos más violentos de nuestra nación, nunca perdiendo la fe en la bondad intrínseca de todo ser humano, y en la capacidad de esta paz de extirpar todo cáncer de criminalidad en los individuos. La violencia solo trae mas violencia, solamente la paz puede conducirnos a la paz.
